Sentencia Nº 32/1983, De 28/4/1983 : Sentencia 16 / 39

«...la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad sólo cuando «la competencia controvertida» ( que continuará siendo el objeto del conflicto y cuya titularidad habrá que resolver en él) hubiera sido atribuida «por una ley o norma con rango de Ley», lo que obviamente no sucede en el caso presente en el que el Gobierno vasco se dirige contra el contenido de dos Reales Decretos.

Es necesario tener en cuenta además que en la relación tasada de disposiciones susceptibles de declaración de inconstitucionalidad por este Tribunal (art. 27.2 de la LOTC) figuran, entre otras, las «disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley», entre las cuales, por supuesto, no es posible incluir los Reales Decretos, por lo que si la Comunidad Autónoma entendiera que los Reales Decretos 2824 y 2825 de 1981 vulneran el ordenamiento jurídico por causas ajenas al orden de competencias, no podría tampoco presentar ante este Tribunal un recurso de inconstitucionalidad contra ellos, aunque sí podría impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa en virtud de lo dispuesto en el art. 3.° de la Ley 34/1981, de 5 de octubre.

Ocurre, sin embargo, que en relación con determinadas competencias de titularidad estatal, y de manera muy destacada en relación con la de fijación de bases de una materia, un aspecto fundamental e indisociable del resto del debate es el de la concreción del órgano estatal llamado a ejercer esa competencia y asimismo el de la forma (norma con rango de Ley o disposición reglamentaria) a través de la cual ha de ser ejercida la competencia en cuestión. El Estado es un ente complejo que consiste en una pluralidad de órganos, y aunque en determinados aspectos actúa como una unidad y como tal constituye una persona jurídica, reparte o distribuye entre sus distintos órganos las también distintas funciones a cumplir, de modo tal que puede no ser indiferente que una competencia estatal (entendiendo la expresión en este contexto como aquella atribuida por el bloque normativo constitucional al Estado en sus órganos centrales y no a tal o a cual Comunidad Autónoma, que por cierto también son, lato sensu, órganos del Estado) sea ejercida por cualquiera de los órganos centrales del Estado, sino que la naturaleza misma de la competencia en cada caso discutida puede implicar que deba ser ejercida por un órgano del Estado y, en principio, sólo por él. Así acontece en particular con la competencia de fijación de bases, acerca de la cual este Tribunal ha dicho reiteradamente que se trata de una competencia normativa y, más en concreto, que «dado el carácter fundamental y general de las normas básicas, el instrumento para establecerlas con posterioridad a la Constitución es la Ley» (Sentencia 1/1982, de 28 de enero, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de febrero en conflictos de competencia acumulados 63 y 191 de 1981, fundamento primero), lo que implica obviamente que han de ser establecidas por las Cortes ... »

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