Sentencia Nº 39/2002, De 14/2/2002 : Sentencia

Extracto: Planteada por un Juzgado de Primera Instancia de Reus respecto del art. 9.2 del Código Civil, redactado por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo.

Vulneración del derecho a la igualdad conyugal: designación de la ley nacional del marido para regir supletoriamente el régimen económico del matrimonio. Derogación del precepto legal.

1. El art. 9.2 CC, al establecer la nacionalidad del marido al tiempo de contraer el matrimonio como punto de conexión para la determinación de la ley aplicable a las relaciones personales del matrimonio y, en defecto o por insuficiencia de capitulaciones matrimoniales, también a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, es o no contrario al art. 14 CE así como al art. 32 CE [FJ 5].

2. El precepto cuestionado introduce una diferencia de trato entre el varón y la mujer pese a que ambos se encuentran, en relación al matrimonio, en la misma situación jurídica. Se opone, por tanto, no sólo al art. 14 CE, sino también al más específico art. 32 CE [FJ 5].

3. El desajuste de la norma cuestionada con la Constitución tiene lugar con independencia de si el resultado de su aplicación en cada caso concreto es más o menos favorable a la mujer [FJ 5].

4. Doctrina de este Tribunal sobre el derecho a la igualdad y las prohibiciones de discriminación, recogida de forma extensa y precisa en la reciente STC 200/2001 [FJ 4].

5. Este Tribunal, partiendo de la Constitución y de los textos comunitarios e internacionales sobre la igualdad, ha reaccionado siempre frente a toda norma o acto aplicativo que supusiese la discriminación de la mujer, alineándose así tanto con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como con la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y otros Tribunales Constitucionales [FJ 5].

6. El órgano judicial puede examinar y resolver por sí mismo la eventual contradicción con el ordenamiento constitucional de una norma anterior a la Constitución, también puede optar por deferir la cuestión a esta jurisdicción constitucional (SSTC 17/1981, 83/1984, 126/1997) [FJ 2.a].

7. Nuestra función no es la de resolver controversias interpretativas o dudas sobre la interpretación de la legalidad que subyace a la cuestión de inconstitucionalidad (STC 109/2001) [FJ 2.b].

8. La exigencia de que el fallo judicial dependa de la adecuación de la ley a la Constitución no diferencia según que la norma cuestionada tenga carácter dispositivo o imperativo [FJ 3].

9. No es a este Tribunal, sino a los órganos judiciales, a quienes les corresponde integrar, por los medios que el Ordenamiento jurídico pone a su disposición, la eventual laguna que la anulación pudiera producir [FJ 5].

Preámbulo: El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Presidente; don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña María Emilia Casas Baamonde,... »

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