Sentencia Nº 250/2004, De 20/12/2004 : Sentencia

Preámbulo: La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente; don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas y don Pascual Sala Sánchez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 5771-2002, promovido por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Llorens Pardo y asistido por el Letrado don Jesús Alonso Hernández, contra el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 31 de julio de 2002, que desestimó incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de la misma Sección, de 29 de octubre de 2001, recaída en el rollo de apelación núm. 221-2001, frente a la dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Cristóbal de la Laguna, de 3 de octubre de 2000, en autos de juicio ejecutivo núm. 15/99. Ha comparecido y formulado alegaciones el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes: I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 14 de octubre de 2002 doña Ana Llorens Pardo, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. En la demanda de amparo se recoge la relación de antecedentes fácticos que a continuación sucintamente se extracta: a) La entidad bancaria Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario, S.A., hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., promovió demanda de juicio ejecutivo contra don Francisco García Pérez y doña Juana Leñador Carretero, por importe de 2.285.150 pesetas. La citada cantidad era la resultante de descontar del saldo de la cuenta correspondiente al contrato de leasing ejecutado por importe de 3.

149.285 (sic) pesetas la suma de 864.235 pesetas que los demandados habían pagado después de cerrada la cuenta y antes de que se presentara la demanda.

b) Los demandados se personaron en el proceso y opusieron como excepciones a la ejecución la nulidad del título, la liquidez de la deuda y la plus petición, pues si bien reconocían expresamente la deuda que figuraba en la certificación intervenida, discrepaban sobre las cantidades pagadas a la parte actora con posterioridad al cierre de la cuenta.

c) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de San Cristóbal de la Laguna dictó Sentencia en fecha 3 de octubre de 2000, en la que rechazó los dos primeros motivos de oposición alegados por la parte demandada -nulidad de título e iliquidez de la deuda-, aceptando únicamente la excepción de ... »

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