Sentencia Nº 37/1981, De 16/11/1981 : Sentencia 20 / 31

«...Derecho Privado y, con la reserva ya antes señalada respecto de la igualdad enlas condiciones básicas de ejercicio de los derechos y libertades, no es ahora resueltamente así en ningún ámbito, puesto que la potestad legislativa de que las Comunidades Autónomas gozan potencialmente da a nuestro ordenamiento una estructura compuesta, por obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional. Es cierto que esta diversidad se da dentro de la unidad y que, por consiguiente, la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas no puede regular las condiciones básicas de ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas fundamentales que quedan reservadas a la legislación del Estado (arts. 53 y 149.1.1.ª de la Constitución), cuyas normas además son las únicas aplicables en las materias sobre las que las Comunidades Autónomas parecen de competencia legislativa, prevalecen en caso de conflicto, y tienen siempre valor supletorio (149.3). En cuanto que la ley impugnada y, en concreto los artículos que ahora sometemos a examen, no afectan, como veíamos, a ninguna posición jurídica fundamental de los ciudadanos y no establecen discriminación alguna entre los vecinos de los distintos lugares del territorio nacional, no se percibe violación del principio que prohíbe esta discriminación.

Tampoco resulta de estos preceptos obstaculización alguna en la libre circulación de personas y bienes en todo el territorio español (art. 139.2). Ciertamente, cualquier normativa local que, dentro de su ámbito competencial propio, establezca un ente de esta naturaleza (Municipio, Provincia o Comunidad Autónoma) respecto del transporte o de la carga y descarga de mercancías, o sobre la concurrencia de ofertas y demandas de transporte, puede incidir sobre la circulación de personas y bienes, pero no toda incidencia es necesariamente un obstáculo. Lo será, sin duda, cuando intencionalmente persiga la finalidad de obstaculizar la circulación, pero, en contra de lo que argumenta la representación del Gobierno Vasco, no sólo en ese caso, sino también en aquellos otros en los que las consecuencias objetivas de las medidas adoptadas impliquen el surgimiento de obstáculos que no guardan relación con el fin constitucionalmente lícito que aquellas persiguen. No es ésta, sin embargo, la situación en el presente caso, pues ni la obligación de mantener la oferta al Centro de Contratación durante un tiempo de dos horas, ni la dilación que eventualmente pueda sufrir la conclusión del contrato de transporte por las objeciones que el cargador haga al transportista que se le propone, constituyen obstáculos graves o desproporcionados con la finalidad que la norma persigue.

Concluido el análisis del apartado 1 del art. 25, cuyos párrafos a) y b) imponen la obligación principal, es preciso pasar al de los arts. 28 y 29, que crean, respectivamente, las obligaciones accesorias de mantener durante ... »

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