Sentencia Nº 116/1999, De 17/6/1999 : Sentencia 15 / 34

«... «los preceptos constitucionales relativos a los derechos fundamentales y libertades públicas pueden no agotar su contenido en el reconocimiento de los mismos, sino que, más allá de ello, pueden contener exigencias dirigidas al legislador en su labor de continua configuración del ordenamiento jurídico, ya sea en forma de las llamadas garantías institucionales, ya sea en forma de principios rectores de contornos más amplios, ya sea, como en seguida veremos, en forma de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos» (STC 212/1996, fundamento jurídico 3.). Esta es, justamente, la condición constitucional del nasciturus, según se declaró en la STC 53/1985 (fundamento jurídico 7.) y nos recuerda el citado fundamento jurídico 3. de la STC 212/1996, cuya protección implica, con carácter general, para el Estado el cumplimiento de una doble obligación: «la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal de defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como garantía última, las normas penales». Este es, en consecuencia, el marco constitucional desde el que procede enjuiciar los preceptos anteriormente enumerados, y a los que los recurrentes imputan la vulneración del contenido esencial del derecho fundamental a la vida ( art. 15 C.E.).

6. Un primer reproche sustentado en el art. 15 C.E. se dirige contra el art. 1, apartado 4, de la Ley 35/1988, en relación con los arts. 14, apartados 3 y 4; 15; 16, apartados 1 y 2, y 17 del mismo texto legal, en los que se regulan diversos supuestos de investigación y experimentación sobre los gametos y los preembriones. Descartada la relevancia sustantiva del art. 1.4, en tanto que se remite a mencionar las diversas hipótesis desarrolladas en los arts. 14 y 17, nuestro análisis ha de contraerse a estos últimos preceptos del texto legal impugnado, que se enmarcan en la finalidad complementaria a la que las técnicas de fecundación artificial se ordenan, es decir, a la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético o hereditario, cuando el recurso a las mismas cuente con suficientes garantías diagnósticas y terapéuticas, y a propiciar fines de investigación básica o experimental, tal como señala el art. 1, apartados 3 y 4, de la referida Ley.

Conviene tener en cuenta en el examen de los preceptos antes indicados que, mediante la regulación en ellos contenida, el legislador atiende al principio rector del art. 44.2 de la Constitución, según el cual «Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general», principio que a tenor del art. 53.3 C.E. ha de informar la legislación positiva. Desde esta perspectiva constitucional no es función de este Tribunal establecer criterios o límites en punto a las determinaciones que, con apoyo en dicha directriz, pueda establecer... »

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