Sentencia Nº 194/1998, De 1/10/1998 : Sentencia 16 / 17

«...la responsabilidad de velar sobre las actividades desarrolladas en ámbitos educativos privados...» y, en segundo, la finalidad de la profesión justifica la restricción del derecho de asociación, por cuanto se relaciona con «la educación física y el deporte, actividades que «aparecen estrechamente vinculadas con la salud». Pues, bien, a mi parecer ninguno de estos dos criterios constitucionalmente se justifica: A) La supuesta necesidad de la creación del Colegio de Profesores de Educación Física.

En el fundamento jurídico 4. se expone con acierto nuestra doctrina sustentada en la STC 89/1989 y se afirma que, para que se justifique objetivamente la creación de un Colegio Profesional, es necesario, de un lado, que la profesión incorporada obligatoriamente a la Corporación persiga fines de indudable interés público y, de otro, que la consecución de dicho fin y el control de la responsabilidad del ejercicio de la profesión exija dicha incorporación obligatoria.

El fundamento jurídico 7. transforma, sin embargo, dicha doctrina sobre la necesidad, haciendo «supuesto de la cuestión», pues no viene a demostrar que la importancia de la función y la deontología de la profesión exijan objetivamente la incorporación obligatoria (como no podía ser de otra manera, pues, la responsabilidad disciplinaria puede ser ejercida por el centro docente en donde el Profesor presta sus servicios), sino que, para que el Colegio asuma su función deontológica es necesaria la adscripción forzosa, con lo que la doctrina sobre la necesidad se transforma sustancialmente hasta quedar completamente difuminada. En lo sucesivo, siempre que se cree un Colegio, habrá que estimar cumplida la necesidad de la limitación del derecho de asociación, ya que el Colegio «es un instrumento necesario para que asuma la responsabilidad» disciplinaria sobre todos los colegiados.

B) La finalidad constitucional del Col.P.E.F.

Asimismo, establecía nuestra doctrina que, para que una actividad profesional constituyera el objeto de tales Corporaciones de Derecho Público, era necesario que persiguiera un fin público constitucionalmente relevante, lo que comportaba dos exigencias: Por una parte, que se tratara de «profesiones tituladas» y, por otra, que tales profesiones afectaran a derechos fundamentales o bienes constitucionalmente relevantes (STC 111/1993).

Pues, bien, en el caso que nos ocupa, es claro que los Profesores de Educación Física, si bien cumplen el primer requisito, incumplen manifiestamente el segundo, por cuanto, para sacrificar el derecho fundamental de asociación negativa, sería necesario que, a través del ejercicio de la profesión titulada, se protegieran otros derechos fundamentales.

De conformidad con nuestra doctrina, no basta una invocación genérica a la «educación física y el deporte» como política de fomento de los poderes públicos reconocida por la Constitución (art. 43.3), ni que esta profesión esté vinculada con la «salud». Antes... »

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