Sentencia Nº 195/2001, De 4/10/2001 : Sentencia, Documento Relacionado nº 1 11 / 19

«... en materia de puertos, como todo el sistema de delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ha sido ya configurado y trazado por la Constitución y los Estatutos de Autonomía, vinculando, por tanto, a todos los poderes públicos, sin que quepa ningún replanteamiento del sistema de distribución de competencias, en el que en esa materia de puertos rige como único criterio de reparto el principio de interés. Partiendo de ese criterio del interés, como determinante en la distribución de competencias en la materia de puertos dentro del bloque de constitucionalidad, una cuestión distinta que no es objeto de discusión en este caso, son las consecuencias que se han de deducir de la indicada distribución de competencias y, en concreto, el examen de las condiciones que sirven para calificar a un puerto como de interés general, que obviamente no pueden ser arbitrarias, ya que, en ese caso, se produciría el vaciamiento de las competencias autonómicas en materia de puertos, de manera que si bien, como advierte la Sentencia del Tribunal Constitucional 68/1994, de 11 de abril, no cabe entrar a examinar si la fijación de los criterios de calificación del interés general ha de hacerse o no por Ley, no obstante al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, cabe someter al propio Tribunal Constitucional los criterios determinantes y los actos aplicativos.

Lo único que ha hecho la Administración de Galicia es ejercer una de las competencias que le corresponden en relación con un puerto transferido y cuya titularidad corresponde a esta Comunidad Autónoma, como es el de Ribadeo. De esa realidad es perfectamente consciente la representación en este proceso del Principado de Asturias que, sabedora de que la aprobación y posterior ejecución de la reforma de ese puerto supone el ejercicio de una competencia propia de la Administración gallega, el único pretexto que aporta para justificar, de alguna manera, el planteamiento de conflicto es el ya conocido de que esa reforma o modificación portuaria produce unos supuestos e hipotéticos efectos, que, según su criterio, suponen una extralimitación competencial.

Sobre la apelación contenida en la demanda al principio de territorialidad, la Letrada de la Junta de Galicia destaca la interpretación errónea de dicho principio que conduce a que la Comunidad Autonóma que representa no pueda ejercer una competencia que le corresponde.

En efecto, prescindiendo del dato obvio de que debe aceptarse que los actos de ejercicio de las competencias de las Comunidades Autónomas pueden producir consecuencias de hecho fuera de su territorio respectivo, en el escrito de interposición del conflicto se interpreta el límite territorial de una manera totalmente rígida, olvidándose de que, como ha proclamado explícitamente, entre otras, la STC 44/1984, de 27 de marzo: «El límite territorial ha de interpretarse con la flexibilidad suficiente para no vaciar de contenido las competencias asumidas».

Con cita de otras... »

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