Sentencia Nº 67/2004, De 19/4/2004 : Sentencia 12 / 19

«... tanto, sus arts. 99 y 203, que establecían la colegiación obligatoria para dichos funcionarios. De modo que puede concluirse que el desempeño de funciones públicas por Secretarios, Interventores o Tesoreros de la Administración Local desde el mencionado Real Decreto no puede conceptuarse como una profesión colegiada cuyo ejercicio requiera la colegiación obligatoria. Lo que, evidentemente, no empece a que pueda existir un Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local para quien libre y voluntariamente desee incorporarse al mismo.

Además no puede configurarse por vía estatuaria la colegiación obligatoria sin una previa determinación legal específica para la organización colegial, pues, como se ha indicado, la única norma anterior a la Constitución que amparaba la colegiación obligatoria era el art. 203 del Reglamento de 30 de mayo de 1952, el cual se encuentra derogado por el mencionado Real Decreto 1174/1987, y ha sido inaplicado por el Tribunal Supremo cuando se ha ejercitado idéntica pretensión por la vía de aquel precepto. De conformidad con la Ley de colegios profesionales (art. 4) y la Constitución, la creación del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros debía de efectuarse por Ley.

Tampoco puede entenderse suficiente la previsión genérica del art. 3.2 de la Ley de colegios profesionales, en la redacción dada por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, que establece que «es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente», ya que los Secretarios, Interventores y Depositarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional no constituyen una profesión colegiada. Ni tampoco el art. 12.2 de la Ley de la Generalidad Valenciana 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana, que reitera el mencionado precepto de la Ley estatal.

En definitiva la pertenencia obligatoria al colegio se ha impuesto sin respetar la exigencia de que la norma que la impone revista rango legal, por lo que deviene inconstitucional al vulnerar el art. 22 CE.

h) El demandante de amparo estima que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado también el principio de igualdad y no discriminación (art. 14 CE). Aduce al respecto que en algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de las Comunidades Autónomas de Canarias, Aragón y Galicia, la normativa en materia de colegios profesionales excluye del requisito de la colegiación obligatoria a los funcionarios públicos y al personal al servicio de las Administraciones públicas para el ejercicio de sus funciones administrativas y la realización de actividades propias de la profesión por cuenta de aquéllas cuando el destinatario de tales actividades sea la Administración; resultando, en consecuencia, obligatoria la colegiación sólo cuando los destinatarios... »

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