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Dentro de los objetivos prioritarios de la acción del Estado en el exterior se encuentra el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el apoyo a todas aquellas iniciativas, gubernamentales o de la sociedad civil, que se dirijan a la realización de actividades dirigidas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Este objetivo forma parte del compromiso general del Gobierno de España de contribuir al fortalecimiento institucional y la gobernanza democrática en Estados y áreas geopolíticas en transición a la democracia o con déficit democrático, así como al de los derechos humanos.
Desde la aprobación de la Constitución de 1978 el Gobierno español siempre se ha destacado por su implicación en la abolición de la pena de muerte, ratificando todos los instrumentos internacionales tendentes a la total abolición de la pena de muerte y votando a favor de las Resoluciones 62/149 y 63/148 para una moratoria universal de la pena de muerte adoptadas por la Asamblea General de NN.UU. el 18 de diciembre de 2007 y 2008 respectivamente.
Por este motivo, España tiene un especial interés en financiar las actividades de esta organización que vendrían a respaldar y fortalecer el objetivo de conseguir la abolición de la pena capital a nivel universal, primero de los objetivos reconocidos en el Plan de Derechos Humanos, aprobado por Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2008, y objetivo ratificado más recientemente por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2009, en el cual se declaró que la pena capital es «incompatible con el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales del individuo».
Junto con las actuaciones desarrolladas directamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación –y especialmente por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores–, se considera necesario apoyar las iniciativas de la organización no gubernamental «Ensemble contre la peine de mort», cuya sede social se encuentra en Châtillon (Francia), por tratarse de una organización cuyo objetivo principal es promover la abolición de la pena capital en todos los lugares del mundo.
Por ello, con carácter excepcional y entendiendo que existen razones de interés público y social, el Estado concederá de forma directa, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, una subvención a favor de la organización internacional «Ensemble contre la peine de mort» que permita a esta institución ejecutar sus proyectos en aras de poner fin a la pena de muerte como forma de castigo en cualquier lugar del mundo. Esta subvención directa se otorgará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28.2 y 28.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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