Jefatura Del Estado (boe N. 90 De 14/4/2007) : Real Decreto-ley

REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

El último inciso del artículo 245.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en la redacción dada por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, disponía que la competencia para emitir las autorizaciones relativas a vertidos indirectos a aguas superficiales corresponde al órgano autonómico o local competente.

Este inciso ha sido declarado nulo por la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 18 de octubre de 2006. El Alto Tribunal consideró que la atribución a los entes locales de una competencia específica mediante una norma reglamentaria conculcaba lo dispuesto en los artículos 2.2, 7.1 y 25.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, según los cuales sólo por una norma legal cabe determinar las competencias municipales.

La declaración de nulidad ha supuesto, en concordancia con lo establecido en el artículo 245.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que la competencia para autorizar los vertidos indirectos a aguas superficiales pase a ser de los organismos de cuenca, y por ende el control del cumplimiento de las condiciones de la correspondiente autorización, lo cual supone disociar esta competencia de los entes que gestionan las redes de conducción de aguas residuales en las que se producen tales vertidos. Esta disociación es una situación claramente anómala, porque resulta evidente que sólo debe otorgar la autorización de vertido la entidad que dispone de los elementos técnicos y fácticos indispensables para hacer viable su seguimiento y control y garantizar su adecuación a la normativa aplicable, es decir, la entidad a la que corresponde la función de saneamiento de las aguas en las que el vertido se produce. Por ello, para garantizar la correcta actuación administrativa en un tema tan sensible como es la calidad de las aguas, las dos actuaciones, autorización de vertido y gestión de las conducciones en que dicho vertido se produce, deben ser competencia de un único ente.

No cabe mantener esta competencia en el ámbito de los organismos de cuenca, ya que éstos carecen de la información requerida para emitir dichas autorizaciones, puesto que no gestionan las redes de conducción de las aguas en las que estos vertidos se producen. Por lo tanto, el otorgamiento de autorizaciones en tales condiciones revestiría un alto grado de irresponsabilidad y podría repercutir negativamente en las redes gestionadas por otras Administraciones y, en última instancia, en el adecuado control de la calidad de las aguas. Además, se produciría la paralización o el colapso en la emisión de las autorizaciones correspondientes a los vertidos indirectos a las aguas superficiales, toda vez que, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas, cualquier vertido, por pequeño que sea, requiere autorización administrativa, sin distinguir si su destino es el alcantarillado... »

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